Aunque las competencias en materia de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y ayuntamientos, en la VII legislatura se ha creado el Ministerio de la vivienda. Este ministerio ha centrado sus actuaciones en intentar que el parque de viviendas desocupadas salgan en alquiler sin usar medidas fiscales.
Aunque las competencias en materia de vivienda pertenecen a las
comunidades autonomas y ayuntamientos, en la VII legislatura se ha
creado el Ministerio de la vivienda.
Este ministerio ha centrado sus actuaciones en intentar que el parque
de viviendas desocupadas salgan en alquiler sin usar medidas fiscales.
Para ello ha creado la Sociedad estatal de alquiler, que trata de
intermediar entre propietarios e inquilinos. El resto de actuaciones en
vivienda son de cada comunidad autonoma y se centran normalmente en
sortear viviendas protegidas.
También desde el ministerio se han impulsado actuaciones contra la
corrupción urbanística como la nueva ley del suelo, (la cual, en contra
de la idea popular sobre ella, no busca solucionar el problema del
acceso a la vivienda sino el de la corrupción urbanística).
Para ello, protege al pequeño propietario de terrenos a costa de
dificultar la construcción. Por este motivo sus detractores consideran
que ralentizara la construcción de viviendas con la correspondiente
subida de precio.
El Ministerio de la Vivienda, tan pronto como tomó el poder, desechó
la idea de implementar las promesas electorales. Las 800.000 viviendas
prometidas se convirtieron en un eufemístico "soluciones
habitacionales" (término en el que engloban los alquileres que se
puedan producir durante su legislatura), y decidieron no llevar a cabo
los impuestos a viviendas deshabitadas o a segundas viviendas que
habían prometido, y que desde estudios de varias universidades se
consideraba necesario.
Otras administraciones que habían hecho promesas similares, como el
Ayuntamiento de Madrid en el año 2004, también las han incumplido.
El tema de sacar las viviendas vacías al mercado mediante presión
fiscal se ha abandonado y en su lugar se pretende sacarlas como
viviendas en alquiler modificando la legislación. Para los defensores
de la intervención fiscal, esto puede provocar que los especuladores
compren una o varias viviendas para alquilarla, dificultando aun mas el
acceso a la vivienda en propiedad.
El llamado “Plan de Choque” del actual gobierno se limita a aumentar en 79.000 el número de viviendas protegidas.
Los propios responsables del Ministerio de la Vivienda reconocen que
esto no solucionara el difícil acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Sin una regulación efectiva la vivienda protegida se está vendiendo y comprando a precios de mercado suponiendo una importante fuente de blanqueo de dinero negro haciéndola inefectiva como ayuda social.